Si sobrevive el plan migratorio bipartidista del Senado, será un acto de equilibrismo y un triunfo del pragmatismo.
Los integrantes del "Grupo de los Ocho" han tenido que encontrar un punto medio entre la presión por más seguridad fronteriza y la demanda de trabajadores e ingenieros.
Atienden la molestia por la falta de supervisión en los lugares de trabajo, pero también la impaciencia por sacar de las sombras a 11 millones de personas y poner fin a su miedo a ser deportados.
"Tenemos que enfrentar la realidad.... no la teoría ni la idea que se tiene, sino la realidad de que existen millones de personas que viven en este país en violación de nuestras leyes de inmigración", dijo el senador Marco Rubio, republicano de Florida, cuyo apoyo ha sido crucial para la propuesta.
Este llamado a la realidad ha teñido la promoción de tan esperada iniciativa, pero por ahora no es suficiente para superar la resistencia.
Muchos conservadores, como los senadores texanos John Cornyn y Ted Cruz, todavía no simpatizan con la idea de programas de trabajadores huéspedes o planes para otorgar la legalidad, mucho menos la ciudadanía, no importa cuán arduo sea el camino para ello.
La seguridad, afirman, sigue siendo deficiente; eso es lo más importante.
"La pregunta que se va a hacer el público es: ¿realmente se puede implementar esto como lo anuncian?", planteó Cornyn, líder adjunto del Partido Republicano en el Senado. "No creo que el público confíe en el gobierno federal, habiendo dejado este asunto en tal desorden y caos por tanto tiempo".
El abrumador rechazo de los electores hispanos ablandó a algunos republicanos. El grupo del Senado ha tratado de aprovechar eso para subrayar los elementos de seguridad de su plan.
La posibilidad de legalizarse depende de que se cumplan ciertas condiciones en seguridad. Los futuros flujos de inmigrantes dependerían de los índices de desempleo en Estados Unidos a fin de que los inmigrantes no inunden un mercado laboral debilitado, un punto en atención al sector patronal y sindical por igual.
"Una palabra que define esta propuesta es equilibrio", dijo el senador Chuck Schumer, de Nueva York, líder de la mitad demócrata del Grupo de los Ocho. "Los detonantes en seguridad fronteriza son duros pero factibles. La ruta a la ciudadanía es difícil, pero accesible".
También los promotores de la inmigración encontraron mucho de su agrado en la iniciativa.
La multa de $2,000 para las personas que quieran legalizarse es menos de lo que pedían propuestas cuando el Congreso debatió la política de inmigración hace seis años.
Pero hacerse ciudadano sería un proceso de 13 años. "Es un camino muy largo, muy difícil", dijo el senador Bob Menéndez, demócrata por N.J.
El proyecto de ley incorpora una versión especialmente generosa del Dream Act: una espera de cinco años para recibir la tarjeta verde para quienes hayan sido traidos al país siendo niños, sin límite de edad para hacer el trámite.
Una propuesta detenida en el Senado hace tres años preveía una espera de 16 años a la ciudadanía, disponible solo para personas menores de 30 años.
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