Washington -- El presidente de la Cámara de Representantes advirtió el martes que no someterá un plan de reforma migratoria a votación a menos que tenga el apoyo de la mayoría de los representantes republicanos y calificó las medidas de seguridad fronteriza del plan como un chiste.
Las declaraciones fueron interpretadas de inmediato como un nuevo problema en la cámara, donde la mayoría de los republicanos ven el plan de legalizar a 11 millones de indocumentados como una amnistía.
A su vez, el Senado rechazó el martes dos enmiendas republicanas que buscaban aumentar los requisitos de seguridad fronteriza antes de que los indocumentados puedan gestionar su legalización, mientras que una importante comisión de la cámara de representantes se disponía a emitir su primer voto del año en política migratoria.
Una propuesta que buscaba exigir la construcción de 700 millas de cerca fronteriza reforzada fue rechazada con votación 39-54 y otra que perseguía la implementación de un sistema de identificación biométrico en todos los puertos de entrada del país fue rechazada 36 a 58.
Una tercera enmienda para incluir a los gobiernos de tribus indígenas en una comisión que crearía el proyecto de ley para emitir recomendaciones sobre política fronteriza fue adoptada con votación 94-0, y otra para facilitar el proceso de naturalización a niños adoptados en el extranjero fue adoptada por consentimiento unánime.
Ya el Senado había rechazado la semana pasada por 43 a 57 votos otra enmienda republicana que habría exigido al Departamento de Seguridad Nacional certificar el control efectivo de la frontera con México durante seis meses antes de que 11 millones de indocumentados puedan comenzar los trámites para su legalización.
Los republicanos en el Senado han criticado al proyecto de ley porque en su opinión no garantiza de manera adecuada la seguridad fronteriza antes de que comience la legalización de inmigrantes sin autorización.
El proyecto de ley condiciona a un reforzamiento de la seguridad fronteriza la opción a la naturalización de los 11 millones de indocumentados que no tengan prontuario policial, que paguen multas por $2,000 y que pasen 10 años con un estatus provisional que les permita trabajar y viajar al extranjero.
Los republicanos John Hoeven (Dakota del Norte) y Bob Corker (Tennessee) actualmente trabajan con los ocho autores del proyecto de ley para negociar una enmienda --aceptable a los demócratas-- que aumente la seguridad fronteriza antes de que los inmigrantes puedan tramitar su legalización.
Hoeven dijo que su propuesta busca fijar especificar el equipo y la tecnología que la Patrulla Fronteriza necesitaría para detener el 90% de los inmigrantes que intentan ingresar ilegalmente a territorio estadounidense en cada uno de los nueve sectores en que está dividida la frontera con México.
La mayoría demócrata había rechazado previamente una enmienda similar ofrecida por el republicano de Texas John Cornyn, alegando que la meta del 90% de detenciones no podía ser medida de manera concreta, por lo que limitaría indefinidamente el proceso de legalización.
El Senado podría votar esta semana en otra amplia propuesta de Cornyn, que condicionaría la legalización de los indocumentados al control operacional del 100% de la frontera con México por parte de agentes federales.
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