Eloy, Ariz. -- Los nueve mexicanos que se hicieron detener en la frontera como parte de una protesta contra las deportaciones ganaron una primera batalla el lunes cuando el gobierno estadounidense aprobó tentativamente sus solicitudes de asilo.
La aprobación preliminar de todas las solicitudes por parte del Departamento de Seguridad Nacional es un paso alentador ya que normalmente el gobierno estadounidense no otorga asilo a ciudadanos mexicanos.
Christopher Bentley, vocero del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, dijo que el DSN había llegado a la conclusión de que los detenidos tenían un "temor fundado" de ser perseguidos si eran devueltos a México.
"Los parámetros legales para el temor fundado son amplios y bajos, para garantizar que los individuos que pueden enfrentar una 'posibilidad significativa' de persecución si son devueltos tengan la oportunidad de ser escuchados por un juez de inmigración", manifestó el funcionario.
Los inmigrantes intentan llamar la atención sobre los cientos de miles de personas que han sido deportadas durante el gobierno del presidente Barack Obama, periodo en el cual alcanzaron picos históricos con un promedio de 1,100 diarias, según cifras del gobierno.
Dijeron que temían ser perseguidos si regresaban a México y el DSN indicó que sus temores podían ser fundados.
Un juez de inmigración tendrá la última palabra sobre si pueden permanecer permanentemente en Estados Unidos, pero el fallo podría tomar años.
Mientras tanto, es probable que los nueve inmigrantes sean liberados de un centro de detención en Arizona y en el futuro podrían tener derecho a un permiso de trabajo.
Estos nueve jóvenes pasaron parte de sus vidas en Estados Unidos. Algunos regresaron voluntariamente a México años atrás, mientras que otros fueron deportados. Tres de ellos se criaron en Estados Unidos y salieron de Estados Unidos rumbo a México expresamente para participar en la protesta en la que cruzaron la frontera recientemente hacia Nogales, Ariz.
Buscan ejercer presión para que la reforma a las leyes de inmigración que se están negociando en el Congreso ofrezca la posibilidad de obtener la ciudadanía a los dreamers, como se denomina a jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños y que en algún momento salieron del país.
Al salir del país quedaron excluidos de la propuesta de reforma migratoria que busca regularizar el estatus migratorio de unos 11 millones de indocumentados, cuyo proyecto aprobado fue aprobado en el Senado y entró a la Cámara de Representantes la semana pasada, y tampoco podrían acogerse a un perdón especial para los dreamers que fueron deportados, ya que ellos salieron del país por voluntad propia.
Los republicanos de la Cámara de Representantes propusieron recientemente ofrecer la ciudadanía a algunos jóvenes inmigrantes como éstos, que en su mayoría fueron llevados al país cuando chicos y han crecido en el país y adoptado los valores estadounidenses.
Pero los demócratas rechazaron la iniciativa por considerar que no hace nada por el resto de los indocumentados.
Mientras se adelanta el trámite legislativo, María Peniche, una de las detenidas en Arizona, se sentía atrapada entre las paredes de la pequeña celda en el Centro de Detenciones de Eloy y dudó si haberse ido de Estados Unidos, haber vuelto por la frontera y hacerse arrestar había sido lo mejor.
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