Mientras que algunos celebran dos años de una política federal que demoró la deportación de muchos jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos cuando eran niños, muchos inmigrantes siguen sintiendo incertidumbre y miedo.
"Fue un paso muy positivo y demostró el grado de autoridad que tiene el presidente", manifestó Arturo Vargas, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados.
"El problema con muchas de estas acciones es que no son permanentes porque (no hay) legislación".
Al no obtener un consenso en el Congreso para modificar la ley de inmigración, en junio del 2012 el presidente Barack Obama emitió una orden ejecutiva para dejar a los inmigrantes que llegaron aquí ilegalmente salir de las sombras sin miedo a ser deportados.
Un aspecto que atrae de esta disposición es que les da la posibilidad de tabajar legalmente.
Para marzo, Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) había aceptado a más de 500,000 personas bajo la ley de Acción Diferida para los Niños Inmigrantes, de los cuales 88,106 viven en Texas.
Pero miles más dudan en registrare, por miedo a que un futuro presidente revoque su status sin más.
"Una vez que el presidente deje el cargo, no se sabe si el programa va a continuar o no", dijo Vargas.
"¿Qué va a pasar con toda esa gente que ha entrado al sistema y cuya información está a la mano y es conocida por el gobierno?".
Vargas añadió que algunas familias temen que al registrar a sus hijos puedan poner en riesgo a los miembros adultos de la familia y a otros.
Una encuesta nacional realizada por el Consejo Americano de Inmigración entre casi 2,700 adultos arrojó que el 59% de aquellos que fueron aceptados para la acción diferida habían conseguido empleo después de haber recibido su permiso de trabajo.
Sin embargo ha habido reticencia.
Catholic Charities of Dallas calculó que menos de la mitad de los 77,000 texanos del Norte con derecho a la acción diferida han hecho el trámite en los últimos dos años.
El Consejo Americano de Inmigración también encontró que el 43% de quienes no solicitaron admisión no podían pagar la cuota de $465, y que el 32% tenía suspicacias de índole jurídica o no confiaba en revelarle al gobierno su condición migratoria.
Los consultados pudieron escoger más de una respuesta.
Jessica Barron de Catholic Charities of Dallas se dedica a crear consciencia sobre la disposición y ayuda a los inmigrantes a llenar el formulario.
Dice que parte de su trabajo es decirles la "importancia de acogerse al programa".
Pero Barron, estudiante senior en la Universidad del Norte de Texas, no solo es activista, sino también beneficiaria del programa.
Sus padres la trajeron a East Dallas desde México cuando tenía 2 años.
Al ir creciendo siempre vio a Estados Unidos como su país, aun cuando sus padres le explicaron que, a diferencia de sus dos hermanos, nacidos en suelo estadounidense, ella no era ciudadana.
"A los 8 años una no entiende de leyes, de política ni nada de eso", dijo. "Pero cuando te dicen que eres diferente en algo, lo entiendes".
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