El resumen de 17 páginas del proyecto de reforma, que presentará el grupo bipartidista de ocho senadores esta semana, estipula que los inmigrantes sin autorización deberán pagar las siguientes multas:
$500 por adulto para obtener un estatus legal provisional de seis años, además de los impuestos que se adeuden y costos de procesamiento. Los llamados "Dreamers" no tendrán que pagar esa penalidad.
$500 para extender el estatus legal provisional luego de seis años
$1,000 para ajustar su estatus al de residente legal permanente luego de 10 años. (Los "Dreamers" pueden aplicar para una green card luego de cinco años).
Aún faltan detalles por conocer, específicamente cuánto sería el costo de procesamiento, para determinar cuán asequible será el proceso para los inmigrantes sin papeles.
En base al documento que circula en la prensa, activistas en el Norte de Texas advierten que de ser muy costosa o restrictiva la ley podría dificultar que un segmento de la comunidad se beneficie.
"$500 en un principio suena razonable, pero tendríamos que ver qué otras tarifas entran en eso", señaló Douglas Interiano, fundador de Proyecto Inmigrante, organización que ofrece apoyo a inmigrantes de bajos recursos en el trámite de documentos con el Departmento de Seguridad Nacional.
"No levantaríamos tanto la voz si fueran $500 solamente, pero tendrías que ver cuánto es su totalidad".
El activista indicó que si se toma como precedente la acción diferida es probable que además de esos $500 tengan que pagar $380 por el permiso de trabajo (formulario I-765) y $85 por la toma de las huellas digitales, sin incluir el posible costo de la aplicación para el estatus legal provisional.
Esto implicaría un costo de cerca de $1,000 por adulto para obtener el estatus provisional; es decir, de cerca de $2,000 por pareja. Si a eso se le suma el costo de procesamiento, será "más difícil" que puedan costearla, indicó Interiano.
En 10 años, otra tarifa a considerar sería la asociada al formulario para la residencia permanente I-485 ($985), la cual aumentó en el 2007 y en el 2010. En caso de que sea necesaria una nueva toma de huellas digitales, se sumarían otros $85.
El costo total puede aumentar si se decide contratar a un abogado. Organizaciones acreditadas por el Departamento de Justicia para ofrecer consultoría en asuntos migratorios ofrecen servicios gratuitos o por una tarifa mínima.
En el caso de los "Dreamers" y la acción diferida para jóvenes que no representan un riesgo (DACA) no se cobró una tarifa de procesamiento, explicó Interiano.
Los jóvenes que fueron elegibles para esa medida debieron desembolsar $465 por el permiso de trabajo y las huellas digitales, según la página del Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
El padre Stephen Jasso de la Iglesia de todos los Santos en Fort Worth señaló que a su juicio todo el proceso "no debería llegar a más de $500", pero subrayó que hay que ser "justos" y dependerá de los costos asociados al proceso de legalización, como sueldos que deberá pagar el gobierno a quien tramite los documentos.
"Si el costo se puede cubrir con $500 pues que sean $500, si se puede cubrir con $1,000 pues que sean $1,000, pero que lo justifiquen con números y con las cifras", señaló.
Jasso agregó que "no se justifica" el periodo de 13 años para la ciudadanía. A su juicio, la reforma que esperan se apruebe "no debe ser ni demasiado costosa ni demasiado rigurosa".
El religioso se preguntó si el hacer la reforma demasiado restrictiva no podría ser una estrategia para que la gente no la aproveche.
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