Ciudad de México -- Después de meses de tácita cooperación con grupos rurales de autodefensa que trataban de expulsar a un cártel de la droga de corte medieval, el gobierno mexicano ahora quiere resolver definitivamente uno de sus más acuciantes problemas de seguridad con una nueva política de legalización de este movimiento para ponerlo bajo el control del ejército.
Pero los riesgos son altos.
Para tener éxito, el gobierno debe enseñar disciplina militar, hacerla cumplir e inculcar el respeto a los derechos humanos y al debido proceso a más 20,000 civiles fuertemente armados para luego, con el tiempo, disolverlos y enviarlos de vuelta a sus casas ubicadas en el estado occidental de Michoacán.
En otros países de América Latina, experimentos similares han resultado en la creación de milicias respaldadas por el Estado que fueron responsables de abusos generalizados en contra de los derechos humanos de la población civil, mientras que civiles armados cobraron venganzas o colaboraron en la perpetración de masacres en represalia. El mismo Ejército mexicano ha sido acusado de violar garantías fundamentales durante una guerra que ya lleva más de siete años en contra el crimen organizado y para la que ha desplegando una fuerza policial en buena parte del país.
Líderes de las autodefensas se reunieron el martes con funcionarios del gobierno para discutir a fondo los detalles del acuerdo que pondría a los recolectores de aguacate, lima y limón, que cargan rifles semiautomáticos AR- 15, bajo el control del ejército. Esta institución tiene una larga tradición, de un siglo, movilizando a tropas de defensa rural compuestas por campesinos con el fin de combatir a delincuentes y para sofocar levantamientos en el campo.
Si este experimento funciona en Michoacán, se resolverá uno de los dilemas más espinosos para la administración del presidente Enrique Peña Nieto que apenas va a cumplir un año en el poder: cómo manejar un movimiento ilegal que exitosamente logró combatir a un cártel de la droga, con tintes religiosos, llamado Los Caballeros Templarios, al que por años las autoridades mexicanas o no habían estado dispuestos a atacar o cuya lucha no habían podido asumir.
Durante el último año, las autodefensas, integradas en buena medida por migrantes repatriados que pasaron muchos años en Estados Unidos, se han apoderado de una docena de pueblos cuya población habían sido aterrorizada por la extorsión, los asesinatos y las violaciones de mujeres a manos de los pistoleros de ese cártel. Los Caballeros Templarios han tratado de presentarse como soldados que tienen la misión de expulsar a supuestos cuerpos policiales que abusan de sus comunidades, y que tomaron el nombre de una orden religiosa medieval cristiana.
En muchos casos, los reporteros de The Associated Press fueron testigos de cómo la policía y el ejército federal se han parado al lado de las autodefensas cuando combatían a pistoleros del cártel e incluso, en algunas ocasiones, cómo han ayudado a las autodefensas a hacer patrullajes conjuntos y a vigilar mancomunadamente los puestos de control en las carreteras.
Expertos mexicanos consultados han aceptado, a la fecha, este plan del gobierno anunciado en la noche del lunes, y lo calificaron de una política inteligente porque permite mantener el impulso que se ha adquirido en la lucha contra Los Caballeros Templarios, mientras que protege al gobierno de acusaciones de que han cedido a terceros el imperio de la ley en la región llamada "tierra caliente" de Michoacán, un estado asentado en la costa pacífica, con una rica tierra agrícola y con montañas abarrotadas de cultivos de marihuana y laboratorios de metanfetaminas.
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