Nueva Orleans -- Jueces de apelación cuestionaron esta semana a abogados sobre estipulaciones de la nueva ley texana sobre el aborto y si en realidad han causado indebidamente el cierre de una docena de clínicas que practican abortos.
El panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito Federal señaló en particular el cierre de las únicas dos clínicas en el valle del Río Grande.
La falta de clínicas obliga a las mujeres que quieren practicarse un aborto a trasladarse 150 millas hasta una clínica en Corpus Christi.
El procurador general del estado Jonathan Mitchell defendió la ley estatal y argumentó que el estado tiene derecho a regular los procedimientos médicos como una forma de promover la salud de la mujer. "La ley no impone una carga indebida", dijo a la corte.
La controversia se refiere a dos estipulaciones que entraron en vigor el otoño pasado. La primera ordena que todos los doctores que practiquen el aborto deben tener derechos de admisión en hospitales localizados dentro de un radio de 30 millas de su clínica.
Médicos que trabajan en algunas de las 34 clínicas de aborto en el estado no han podido obtener dichos privilegios, lo que ha obligado a cerrar 12 clínicas. Desde noviembre, tres clínicas reabrieron luego de que sus médicos recibieron privilegios de admisión.
Tanto la Asociación Médica Americana como el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos se oponen a la ley diciendo que no hay motivos médicos para exigir a los doctores privilegios de admisión. Señalan que dichos privilegios generalmente se refieren a cuántos pacientes recibe un médico en un hospital y no implican una evaluación de sus capacidades o nivel de atención.
"La ley de privilegios de admisión no solamente es innecesaria; además no es benigna", dijo a los jueces Janet Crepps, abogada del Centro de Derechos Reproductivos. Subrayó la opinión de las asociaciones de profesionales médicos de que el estatuto "pondrá en peligro la salud de las mujeres que quieren un aborto" obligándolas a viajar grandes distancias y retrasar la operación por la falta de clínicas.
Pero la juez Edith Jones se mostró abiertamente escéptica sobre ese argumento y sostiene que 150 millas hasta Corpus Christi no le parece un gran obstáculo. Jones dijo que el límite de velocidad en la carretera es de 75 millas por hora, y que era una arteria con poco tráfico.
También resaltó que aunque los defensores del derecho de aborto argumentan que más de una tercera parte de los doctores tendrían que dejar de practicar el aborto a causa de la nueva disposición, algunos de esos doctores ya han podido conseguir privilegios de admisión.
La juez Catharina Haynes también cuestionó si el problema no era la falta de médicos dispuestos a practicar el aborto y no las condiciones impuestas por el estado.
"Hay muchos médicos que creen que el acceso a una operación abortiva es esencial para la salud de una mujer, aunque ellos mismos no harían tal operación", respondió Crepps, citando el miedo a actos violentos y acoso.
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