Apatzingán, Michoacán — Una nueva fuerza policial integrada por ex autodefensas, que combate a narcos en Michoacán, ya enfrenta algunos de los mismos problemas que afectaban a las policías locales que fueron disueltas, y a las cuales reemplaza.
El gobierno federal reconoce que a la nueva fuerza de policía rural michoacan le han dado uniformes y armas de largo alcance, y que la verificación de sus antecedentes ha sido mínima y que prácticamente carece de formación.
El gobierno también dice que confió en las recomendaciones de los ex comandantes de los grupos de autodefensa sobre en quién delegar la autoridad, y que son las mismas personas que se levantaron para luchar contra los Caballeros Templarios cuando ni las autoridades locales y ni las estatales lo hicieron.
La policía local mexicana ha sido tradicionalmente mal pagada y mal entrenada, lo que los ha hecho vulnerables a la corrupción. En Michoacán, la policía incluso fue considerada la infantería del cártel y cuando los grupos de autodefensa aparecieron, presuntamente sacaron del estado a muchos policías corruptos que estaban con ese cártel.
Analistas consultados temen que sin un proceso de verificación de antecedentes, los nuevos policías pronto se corromperán y se volverán en bandas criminales y que la violencia regresara a la región de Tierra Caliente.
Alejandro Hope, analista de seguridad, ha detectado problemas de reclutamiento, de formación inicial, recompensa, ascenso y de controles internos. No hay claridad sobre el presupuesto ni sobre el marco legal que regula la existencia de esta nueva policía.
Para Hope "hay algo de oportunidad perdida" y existe el riesgo de que "el movimiento se degrade poco a poco y que algunos grupos se vuelvan en expoliadores y criminales, se corrompan y puedan servir a grupos delictivos".
La intención declarada del gobierno es la de traer la paz a una región donde las autodefensas habían creado una especie de viejo oeste, con asaltos a civiles armados desde barricadas construidas por ellas, en su lucha por el control de la rica zona agrícola contra los Caballeros Templarios, una organización criminal pseudorreligiosa.
En enero, el gobierno federal tomó el control de la situación e hizo un pacto con los grupos de autodefensa para que registraran sus armas. A los que quisieron, incluso, se les permitió unirse a la nueva fuerza de policía.
El representante del gobierno federal, Alfredo Castillo, dice que la "ley no tuvo la fuerza de impedirles a unos cuantos que decían proteger a la sociedad de michoacana abusaran de ella. No podemos permitir que la historia se repita. El estado deposita en ustedes la confianza. Lo inédito de este movimiento social es que la gente no se levantó contra el estado sino para pedir la presencia del estado y ustedes son hoy los representantes del estado en Michoacán y de ustedes depende que dentro de 15 meses no suceda otra vez lo mismo".
Miles de agricultores y ganaderos formaron los grupos de autodefensas en febrero de 2013 para recuperar el territorio de los Caballeros Templarios, que en los últimos años se había transformado en una mafia que ganaba más de la extorsión de los campesinos y del robo de las minas de hierro, que del tráfico de drogas.
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