Houston — Un juez federal en Texas mantuvo el martes la suspensión temporal que pesa sobre las órdenes ejecutivas de inmigración del presidente Barack Obama, que impedirían la deportación de millones de inmigrantes, rechazando una petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos que habría hecho que el plan siguiese adelante.
El juez de Distrito de Estados Unidos Andrew Hanen rechazó suspender su decisión del 16 de febrero que atendió una petición realizada por 26 estados contrarios a la iniciativa de Obama.
El último fallo de Hanen confirma el statu quo, es decir, que el gobierno de Obama tiene prohibido temporalmente permitir que hasta cinco millones de personas que viven de forma irregular se queden en el país.
El Departamento de Justicia apeló a un tribunal superior, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans, para retirar la medida dictada por Hanen. Está previsto que la vista para escuchar los argumentos de ambas partes al respecto se celebre el 17 de abril.
En su fallo del martes negando la petición de Washington, Hanen dijo que el gobierno no había "mostrado ninguna razón creíble por la que esta Directiva necesite una aplicación inmediata".
La Casa Blanca no realizó comentarios de inmediato.
La coalición de 26 estados presentó una demanda para revertir las medidas migratorias de Obama, que buscar frenar la deportación de unos cinco millones de personas que viven ilegalmente en el país. Los gobiernos regionales, encabezados por el Texas, sostienen que la acción ejecutiva del presidente es inconstitucional y les obliga a investir más en seguridad, sanidad y educación. La orden preliminar pretende frenar las acciones de Washington mientras la demanda es estudiada en los tribunales.
Abogados del Departamento de Justicia sostienen que mantener esa suspensión temporal daña "el interés del público y de terceras partes que se verán privadas de significativos beneficios de seguridad y humanitarios con la pronta implementación" del plan migratorio del presidente.
Obama anunció sus órdenes ejecutivas en noviembre, diciendo que la falta de acción del Congreso le obligó a hacer importantes cambios en las leyes migratorios por su cuenta.
Antes de pronunciarse sobre la suspensión, Hanen dijo que primero quería escuchar de los fiscales federales las acusaciones de que el gobierno estadounidense lo engañó sobre la aplicación de parte del plan migratorio.
Estaba previsto que la primera de las órdenes de Obama — para ampliar el programa que protege a los inmigrantes jóvenes de la deportación si entraron al país ilegalmente cuando eran niños— entrase en vigor el 18 de febrero. La otra parte importante del plan ampliaría la protección de padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes que lleven varios años en el país ante una expulsión. La aplicación de esta comenzaría el 19 de mayo.
Hanen emitió su primer fallo creyendo que ninguna de estas normas había entrado en vigor. Aproximadamente un mes más tarde, el Departamento de Justicia confirmó que más de 108.000 personas habían recibido aplazamientos de tres años en sus deportaciones y permisos de trabajo, pero los abogados del departamento insistieron en que estas medidas estaban amparadas por las directrices de 2012 que no fueron bloqueadas por la suspensión. Justicia se disculpó por la confusión, pero Hanen no pareció convencido durante una vista celebrada el mes pasado y amenazó con sancionar a los letrados.
En su veredicto del martes escribió que aunque el gobierno federal había "engañado" sobre el tema, no aplicaría sanciones inmediatas contra el ejecutivo, apuntando que esa medida no sería "en interés de la justicia o en el mejor interés de este país" porque se trata de un tema tiene repercusión nacional y el resultado podría afectar a millones de personas
"Los argumentos de las partes deberían decidirse por méritos relativos a la ley, no verse empañados por acusaciones externas que podrían o no descansar en el fin último de esta demanda", escribió Hanen.
En una orden separada, Hanen dijo al gobierno que tiene hasta el 21 de abril para presentar ante el tribunal y los demandantes información detallada de su anuncio de marzo sobre las 108,000 prórrogas de tres años.
El magistrado pide al ejecutivo que proporcione "todos y cada uno de los borradores" del anuncio, incluyendo información sobre cuándo se escribieron, editaron o revisaron. Hanen también solicitó una lista con el nombre de todas las personas que conocían la existencia de ese aviso.
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